TRABAJAR EN LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA

                                 
En su último libro, “Todo lo que era sólido” Muñoz Molina hace un recorrido por la vida española de los últimos años reflexionando sobre lo qué nos ha pasado.  Como es normal hay asuntos que son habituales al hablar de España como el boom urbanístico, el derroche de dinero de las autonomías, etc.  Pero hay un capítulo que me ha llamado especialmente la atención y es en el que nos cuenta cuando lo contrataron de auxiliar administrativo en el ayuntamiento de Granada.  Entonces pensó en hacer carrera en la función administrativa y de hecho sacó una oposición al mismo cuerpo.  El hecho de conseguir una plaza fue para él un motivo de ilusión, lo que no quita para que describa con tristeza el conjunto de chiringuitos en los que se ha convertido la Administración Española.
Pero no sólo Muñoz Molina convivió con la ilusión de ser funcionario, otros muchos que ganamos la oposición, en la mayoría de los casos con gran esfuerzo por nuestra parte, esperábamos lo que dio en llamarse la carrera administrativa.  A muchos nos gustaba nuestro trabajo y como los estudios que habíamos realizado tenían cierta relación con la oposición conseguida teníamos la esperanza, alentada por nuestros superiores políticos, de que al cabo de cierto tiempo nos reconocerían la titulación universitaria y la experiencia profesional que habíamos ido acumulando.  El ser funcionario no tenía por que ser el quedarse toda la vida anclado en el mismo puesto, sin más expectativa de mejora que la lenta acumulación de trienios. El engaño consistió en hacernos creer que si cumplíamos, si continuábamos formándonos, si adquiríamos nuevas capacidades, podríamos ascender y mejorar nuestro sueldo mediante lo que se dio en llamar la “promoción interna”.  Por otro lado cada vez había más dinero, en gran parte procedente de Fondos Europeos tras nuestra incorporación a la CEE.  Pero a pesar del dinero y las promesas, en un momento dado las ilusiones se las llevó el viento.  El dinero se malgastó en alcaldes, concejales, directores generales, gerentes, etc. con sueldos que subían a un ritmo desproporcionado a la labor realizada.  Y a todos estos políticos les gustaba derrochar dinero, porque ese dinero que es de todos, en España no es de nadie.  Y empezaron a llamar a los negociados áreas y a dotarlos de una autonomía que permitía a su vez el despilfarro.  Cuando hizo falta se cambiaron las normas no para hacerlas mejores, sino para asegurarse de que podrían actuar al margen de ellas, sin controles.   Antes de que estos políticos invadiesen la administración había una legalidad defendida por funcionarios profesionales pero no dóciles políticamente que fueron apartados de los puestos de responsabilidad porque entorpecían el libre albedrío en el gasto. 
Cuando se vio que nadie ponía coto a su actividad medio legal, medio delictiva surgió una inundación de nuevos puestos adjudicados por “enchufe”, de puestos políticos dentro de la Administración, dependientes siempre del favor del que los nombraba, leales hasta la sumisión, volcados en el servicio al partido del que depende su sueldo y no a la ciudadanía que lo costeaba con sus impuestos.  Estos cargos ejecutivos se pusieron a si mismos nombres ostentosos:  gerentes, gestores, animadores socioculturales, asesores técnicos, directores de gabinete, directores de área, directores de comunicación, etc.  Eran tantos que no cabían y había que comprar o alquilar más inmuebles, que inventar nuevos organismos y nuevos nombres (Ej.:  Dirección General de Innovación, Desarrollo y Competitividad) que nadie sabía que funciones acogían.  Ahí se fue el dinero que debía de haber servido para modernizar la Administración, que siguió sumergida en la penuria igual que en la época de la dictadura. 
Esta Administración de “enchufados” no solo fomentó la incompetencia y facilitó la corrupción, también sirvió de desaliento a los empleados más capaces que en el mejor de los casos se adaptaron con una buena dosis de cinismo. Quien con ilusión entró en la administración para hacer bien su trabajo comprendió que daba lo mismo que lo hiciera mal, e incluso que cumpliendo su deber era rechazado por los que mandaban. El merito era inútil y la mediocridad recompensada si poseías el favor político.  Las opciones que quedaban a los funcionarios de carrera eran la desgana o el servilismo para, por lo menos, no caer en desgracia.

Como dice Muñoz Molina en su libro “El resultado ha sido que las únicas carreras administrativas que se han hecho en España a lo largo de los últimos treinta años son las de los mediocres arrimados a los partidos que han llegado a ocupar los puestos mas altos sin poseer ningún mérito, sin saber nada, sin adquirir a lo largo del tiempo otra habilidad que la de simular que hacen algo o que han aprendido algo”.

Si la crisis social y económica que estamos sufriendo pudiera tener algo positivo es servir de reflexión del costo que nos habrían supuesto los puestos que se crearon para dar colocación a parientes, amigos o pagar favores políticos y que de una vez se suprimiesen todos esos gastos que hacen que nos hundamos bajo el peso de los innumerables incompetentes que permanecen cómodamente instalados en sus despachos, en muchas ocasiones sin cubrir ninguna necesidad racional.
Sin embargo nuestro Gobierno ha sido una vez mas incapaz de crear una administración publica con profesionales cualificados, capaces de gestionarla de un modo solvente y al mismo tiempo atractiva como oportunidad de trabajo, ajena a la política y, por supuesto, escrupulosamente sujeta a la legalidad
Los españoles ya vemos como habitual el acuerdo tácito entre todos los partidos políticos, los que están en el Gobierno y los que no, de apoderarse de la Administración y no sólo eso, sino también de convertir la política en una profesión muy lucrativa.  Aunque no nos guste entendemos que no van ahora a renunciar a ese pastel que se reparten entre todos. 

La única esperanza que nos queda es que la generación que ahora busca trabajo se de cuenta de que no se puede permitir que los partidos políticos monopolicen el acceso a los puestos mejor remunerados del Estado.  Que no se puede permitir que no se respeten los principios constituciones de igualdad, mérito y capacidad para acceder a dichos puestos.  Que es injusto que un mediocre por el hecho de estar afiliado a un partido o a un sindicato se coloque en un buen puesto mientras muchos capaces y formados se ganan a duras penas la vida.  Que hay que echar a los políticos de todos esos despachos para que este país pueda funcionar y avanzar. 

Viñeta de Forges
                                   Viñeta de Forges

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